Hace unos días la Comisión de seguimiento del TSJ, de fecha 27 de abril de 2020, informaba de que el porcentaje de afectados por la pandemia de la carrera judicial era superior al de los cuerpos generales 🤦♂️🤦♀️, con unos números en el que no se tienen en cuenta a los confinados por haber estado en contacto estrecho con afectados a la hora de calcular los porcentajes. Si se contaran esos confinados, el tanto por ciento de afectados de los cuerpos generales, según los datos que ellos mismos aportan, serían de 4,1 %, lejos del 1,77% que se hizo constar únicamente entre diagnosticados y sintomáticos y también lejos del 2,9% de los Jueces, incluyendo los casos de confinamiento. Vamos, en ese informe se quería dar a entender que a pesar de estar en primera línea y del propio contacto en oficina no éramos los mayores afectados por la pandemia dentro de la Administración.
Ahora toca comprobar cómo el CGPJ considera que únicamente deben pasar las pruebas del COVID-19 los jueces y magistrados. Ya sólo desde la intuición cualquiera intuye que, si algún miembro del Juzgado no será el primero en contagiarse, este será aquel que tenga un despacho propio y no sea el primero en atender al público. Sin embargo, de la misma manera que no se puede decir que los trabajadores/as de Justicia hayan contado con todas las herramientas (EPI’s) de su lado para protegerse, siendo, insistimos, los que tenemos contacto directo con el ciudadano (que desde hace pocas fechas vuelve a poder visitar los Juzgados) vemos como Jueces y Magistrados, dentro de su reconocimiento anual serán los ÚNICOS en poder verse beneficiados por esta medida. Entendemos que la administración de Justicia lleva el clasismo en el ADN y que no pocas veces da la sensación que quien toma esta clase de decisiones sólo ha visto los juzgados en series de televisión por lo que, de la misma manera, entendemos que hay que señalarlo.
Ningún problema en que los Jueces puedan pasar dichas pruebas, lógicamente, cuantos más casos se revelen mayor será el beneficio global pero que sea él único colectivo de trabajadores de la Administración de Justicia que tenga ese derecho es incomprensible y un tremendo agravio comparativo.
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