El pasado 1 de Abril los integrantes del CGPJ se reunieron cómodamente por videoconferencia, es decir, en régimen de «teletrabajo», para expresar su cabreo con las resoluciones dictadas en Andalucía y Canarias por las respectivas consejerías con competencias en la materia, reduciendo al máximo posible el número de funcionarios que deben acudir presencialmente a los juzgados. Llaman la atención algunos de los motivos esgrimidos por Sus Señorías para argumentar su mosqueo. Un par de ejemplos: «…/…Se olvida que existen funciones de registro en otros órganos judiciales, unipersonales y colegiados, de gran magnitud por su cuantía numérica, sin olvidar órganos de gobierno, en los que pueden presentarse actuaciones urgentes…» o este otro: «…/…Sustancial reducción en el número de funcionarios en los Juzgados de Instrucción y, en menor medida, de lo Penal, que hace muy dificultoso, por no decir inviable, el control de escritos de trámite que afecten a situaciones personales, ya que no se puede dejar en manos de un solo funcionario visualizar y calificar de urgentes o esenciales todos los escritos que se reciban de los distintos órdenes jurisdiccionales que se encuentren en la misma sede…» Hay algún otro que tampoco tiene desperdicio y os adjuntamos el pdf de la resolución para vuestro deleite. Desde ASIJ nos preguntamos cómo es posible que de pronto los integrantes del órgano de gobierno del poder judicial hayan descubierto cuan necesarios e indispensables somos los funcionarios de justicia. Hasta tal punto que un órgano judicial puede funcionar sin juez y sin LAJ, o más exactamente con uno de cada para cada «X» Juzgados, la mayoría disponibles en sus casas con un portatil; pero no pueden funcionar con un funcionario en régimen de disponibilidad. Máxime cuando la actividad judicial está cesada y el control previo de admisión de escritos y asuntos urgentes corresponde al LAJ que es el que debe darle cuenta al titular del órgano. Desde ASIJ le pedimos humildemente al presidente del CGPJ que dimita, se vuelva a su juzgado de origen y retome el contacto con la realidad judicial. Así mismo le pedimos que deje de usurpar funciones de personal que no corresponden al órgano de gobierno del poder judicial y se lo deje a quien si tiene competencias.
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