Hemos tenido acceso a las alegaciones que el departamento de justicia de la Generalitat Catalana ha hecho al borrador elaborado por el Ministerio de Justicia para el retorno a la actividad de los funcionarios de justicia.
Os adjuntamos el documento íntegro por si lo queréis leer, pero os adelantamos que tiene párrafos brillantes y acertados como por ejemplo: «Cabe decir que el propio CGPJ ha rechazado (según NdP de 11.04.2020) que sus magistrados, magistradas, jueces y juezas vayan más allá de la atención de los servicios y actuaciones esenciales. Circunstancia ésta que sitúa el colectivo de funcionarios en posición de desventaja frente al resto de colectivos de la administración de justicia.»
O esta otra: «En este mismo sentido, sorprende la previsión sita en la disposición primera, en relación al registro y reparto de asuntos: (…) recomendándose a estos efectos a abogados, procuradores y graduados sociales una ponderación o moderación en la presentación de escritos para hacer más viable el reparto. Es especialmente cuestionable esta delegación de política pública (ya no es exclusivamente una razón procesal) en el marco en el contexto de crisis actual»
El departamento estima que «valoramos esta propuesta de resolución contraria al bien común, por lo que sugerimos que se posponga su aprobación y se abra un diálogo sincero con las administraciones autonómicas en pie de igualdad con el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía»
Los responsables de personal concluyen con lo que todos sospechábamos; que el ministerio sólo escucha al CGPJ: «Así mismo, observamos de forma reiterada como las aportaciones realizadas en el marco del mecanismo de coordinación por parte de las Administraciones prestacionales, no son incorporadas a las decisiones y resoluciones adoptadas por el Ministerio, prevaleciendo únicamente en éstas los posicionamientos y criterios expresados por el CGPJ.«
DATOS DE COMPAÑEROS CONTAGIADOS POR COVID19
El departamento afianza su postura con datos concretos de compañer@s contagiados: «Según los datos registrados a través de las comunicaciones efectuadas en la dirección de correo electrónico específicamente creada al efecto por los directores de oficinas (LAJ, Fiscales, IMLCFC) sobre personas afectadas por COVID-19, tenemos constancia en Catalunya de 107 funcionarios diagnosticados o con síntomas compatibles con COVID-19 pero sin haberse realizado la prueba diagnóstica. De estos 107 casos, 94 se produjeron hasta el 29 de marzo, cuando prevalecía el régimen de presencialidad establecido por el Ministerio, en contra del criterio del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña que en fecha 18 de marzo había establecido el régimen general de disponibilidad, y que el Ministerio obligó a suspender el mismo día. Desde del 30 de marzo, fecha de la Resolución del Ministerio de Justicia que establecía el régimen general de disponibilidad para la prestación de servicios esenciales, solo se han producido 13 casos de personas diagnosticadas o con síntomas compatibles con el COVID-19.»
12.4.20-Alegaciones_ProRESOLUCIÓN-MJ-12.04.2020_S